Acceder a la justicia representa un desafío en la garantía de los derechos humanos para comunidades históricamente marginadas debido a su identidad étnica. Mientras que la justicia indígena goza de reconocimiento constitucional desde la Constitución de 1991 (en su artículo 246), permitiendo que sus propias autoridades ejerzan su propia autoridad en la administración de justicia, la comunidad afrocolombiana aún lucha por obtener un estatus similar. Esta diferencia en el reconocimiento legal, culturas y social, explican ellos mismos, no solo afecta la legitimidad de sus decisiones, sino que también determina los mecanismos a través de los cuales estas comunidades buscan reparar el daño causado por delitos y otras infracciones.
Estos diferentes sistemas de justicia propia que se pueden encontrar en las comunidades están vinculados a sus cosmovisiones y no están asociados a las prácticas de justicia ordinaria. Su finalidad es restablecer la armonía en sus territorios afectados por los conflictos y tensiones, a través de saberes y prácticas propias, en su mayoría, con fines restaurativos. Sin embargo, se diferencian en sus métodos y estructuras: la justicia indígena puede incluir sanciones que implican la privación de libertad en espacios controlados por la comunidad, como los centros de armonización en donde las personas pueden trabajar en diferentes actividades que permiten generar recursos para sus familias; mientras que la justicia afro, al no contar con un reconocimiento estatal, opta por recurrir a su justicia ancestral, enfocándose en la restauración del daño a través del diálogo y el trabajo comunitario.
